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El Congreso de la República del Perú ha aprobado una controvertida ley que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados penalmente por delitos graves como sicariato, extorsión y violación sexual.

La medida, respaldada por 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones, establece que los menores que cometan estos delitos podrán ser juzgados como adultos y cumplir condenas en centros penitenciarios, con penas que oscilan entre seis y ocho años de internamiento.

El congresista José Luna, autor de la propuesta, argumentó que la ley busca frenar el uso de menores por parte de organizaciones criminales, quienes los reclutan aprovechando su inimputabilidad legal.

Sin embargo, la ley ha generado un amplio rechazo por parte de diversas instituciones y expertos. El Ministerio Público expresó su preocupación, señalando que la norma vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como la Convención sobre los Derechos del Niño.

La congresista Flor Pablo también criticó la medida, indicando que no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil y que podría afectar negativamente la rehabilitación de los adolescentes.

Organizaciones como UNICEF y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han advertido que juzgar a menores como adultos podría contravenir estándares internacionales y obstaculizar su reinserción social.

La implementación de esta ley marca un cambio significativo en la justicia penal juvenil en el Perú, y su impacto en la sociedad y en los derechos de los adolescentes será objeto de seguimiento y evaluación en los próximos meses.